Garzón, la impunidad y el populismo
La cuestión está en aceptar la suposición de que Garzón estaría perseguido por causas ajenas a los hechos de que se le acusan. Quienes protestan contra el procesamiento del magistrado en los distintos sumarios que entiende el Tribunal Supremo niengan la imparcialidad e independencia del más alto tribunal español. Eso abre una vía en la confianza en el estado de Derecho que todos los procesados podrán utilizar en el futuro si encuentran apoyos mediáticos y políticos como los que tiene Baltasar Garzón. Una quiebra muy difícil de soportar sobre uno de los pilares del estado de derecho.
Se ha iniciado en el Tribunal Supremo el primer de los tres juicios que tiene pendientes Baltasar Garzón. Se trata de dilucidar si las escuchas que ordenó en las conversaciones de inculpados en la trama Gürtel fueron legales o son constitutivas de un delito de prevaricación.
Hay un sector de la prensa –sobre todo el periódico El País y la Cadena Ser- que se posicionaron desde el primer momento en contra de la posibilidad de que el polémico juez fuera juzgado por el Tribunal Supremo. Puestos a sembrar sospechas habría que recordar el trato exquisito que brinda el Grupo Prisa al juez Garzón desde que este salvara a Jesús de Polanco del sumario en el que le imputaba el juez Gómez de Liaño por apropiaciin indebida de las fianzas de los usuarios de Sogecable. Hay que tener memoria para todo. La intervención de Navalón como asesor del juez también camina en la misma dirección. estando yo todavía en la cadena SER escribí sobre este asunto, por lo que los me acusan de revancha con la emisora lo tienen complicado. También sectores de la izquierda política y sociológica han adoptado una actitud de protesta ante lo que consideran el “linchamiento del juez”. La campaña ha tenido éxito y ha conseguido que el juez estrella disponga de una aureola de héroe para esos sectores que pretenden que el juez está siendo objeto de una persecución por su reacaudación de dinero entre presidente de grandes compañías que apoyaron económicamente las actividades del juez en una universidad de Nueva York, sus iniciativas en la persecución del franquismo y sus escuchas telefónicas a los abogados de la trama Gürtel. ¿No parece razonable que Garzón, sospechoso de conductas delictivas, sea tratado como un ciudadano más?
En el fondo de estas posiciones yace la suposición de que el Tribunal Supremo actuaría movido por intereses espurios para acabar con la carrera del juez en venganza por sus actuaciones en la Audiencia Nacional. Este precedente, sin demostración de que se hayan alterados los principios de equidad y de justicia, supone abrir la vía para que otros procesados puedan legítimamente suponer que son objeto de persecuciones parecidas. En síntesis, si el Tribunal Supremo no reúne la confianza de estos colectivos, están cuestionando uno de los pilares del estado de derecho como es el de la confianza en la independencia judicial. Si hay motivos de fundamento en esas sospechas, el ordenamiento jurídico tiene vías para practicar las reclamaciones pertinentes.
Baltasar es juez pero no está por encima de la ley. Si sus órdenes de escuchar a los abogados de la Gürtel fueron ilegales tiene que pagar por ello. Si no lo fueron, será declarado inocente. No aceptar este principio supone establecer una excepción en la aplicación de la justicia para todos, desde Urdangarín a Garzón.
La defensa de Garzón utiliza una épica populista. El juez justiciero universal estaría perseguido por sus enemigos por haber ordenado las investigaciones del franquismo en contra de los criterios de la fiscalía. Y por eso, supuestamente, estaría siendo perseguido. Demasiado fácil.
Mi posición es sencilla. Tenga la misma confianza en el Supremo cuando determina la ilegalización de Bildu, posteriormente rectificada por el Tribunal Constitucional, cuando condena a narcotraficantes que con la sentencia que dictamine sobre Garzón. Argumentos tan populista como el empleado por la candidata Chacón de que algo está mal en España cuando se juzga a un juez que ha luchado contra la corrupción revela la falta de compromiso con el estado de derecho. Todo criminal tiene derechos. Y se trata de saber si los abogados de la Gürtel vieron mermados los suyos y de sus clientes al ser escuchados. Ni más ni menos.
Garzón será tratado como un procesado más. Y eso forma parte de la grandeza de nuestro estado de derecho. Quien no quiera aceptar esto tiene que estar dispuesto, por ejemplo, a que los militantes de ETA determinen animadversión en los tribunales para ser juzgados. El problema de la coherencia intelectual es que obliga, cuando se tiene coraje para ello, a posicionarse enfrente de corrientes de opinión que se hacen muy populares utilizando el populismo.

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